Las FARC adiestran a 11 mil menores para reactivar plagios y ataques con explosivos

Separados de sus familias con engaños, secuestrados siendo unos niños u obligados a sumarse a las filas de la guerrilla bajo amenazas de asesinar a sus padres y hermanos, en este marco se encuentran los al menos 11 mil menores de edad que conforman la “sangre nueva” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos y del Ejército Colombiano, son adiestrados para revivir la empresa del secuestro y atentados que han caracterizado a este grupo armado.

De acuerdo con reportes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, la liberación de Íngrid Betancourt y de otros 14 rehenes el pasado 2 de julio se logró no por una operación sacada al vapor, pues se planeó con tiempo, paciencia y tácticas de guerra desde febrero de 2003, una semana después del secuestro de los estadunidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, cuando la avioneta en la que viajaban cayó en una zona selvática colombiana.

Los informes refieren que aunque entrar al corazón de la cúpula de las FARC es arriesgar la vida misma para cualquier persona, en marzo pasado se logró infiltrar a varios militares colombianos entre la guerrilla, al simular ser parte de un contingente humanitario de asistencia.

SIN CABEZA. La confusiones que existen actualmente entre los rebeldes tras la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, el pasado 1 de marzo en territorio ecuatoriano, y el fallecimiento de Manuel Marulanda, alias también de Tirofijo, el 26 de marzo pasado a causa de un infarto, han desequilibrado el accionar del propio secretariado del grupo extremista que, en una apurada acción, eligió a Alfonso Cano como su nuevo líder, pese a que existe inconformidad por su designación entre varios grupos de la propia guerrilla, lo que ha derivado en que varios rebeldes han preferido entregarse que seguir dentro del grupo.

La inteligencia estadunidense refiere que incluso la propia cúpula de las FARC ha dado más prioridad al adiestramiento de los cerca de 11 mil menores que tiene en sus filas y a los que prepara para reactivar la empresa de secuestro de personas adineradas, de políticos y también les enseña a preparar y colocar artefactos explosivos sin abrir sospechas entre las fuerzas de seguridad del país.

De acuerdo con la organización humanitaria Human Rights Watch, en la actualidad son más los menores de 18 años que integran las filas de este grupo extremista que gente veterana. Cifras del gobierno de Colombia indican que la guerrilla de las FARC cuenta con un contingente de no más de 57 mil elementos, de los que la mitad es gente joven y 11 mil son menores.

JAQUE. Reportes de la prensa colombiana indican que menores de 15 años, en su mayoría niñas, integran un numeroso contingente guerrillero que se detectó en el lugar donde se encontraron los 15 rehenes liberados por tropas del ejército en la denominada Operación Jaque.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, dijo que los miembros de la misión de rescate que desembarcaron en el área reportaron que en el grupo había “muchos menores de edad”.

Padilla de León resaltó que para fortuna de ellos no se procedió a un ataque armado, “porque las consecuencias hubieran sido lamentables”.

INCOMUNICADOS. Para evitar nuevas sorpresas por parte del gobierno colombiano, según informes del ejército, la guerrilla se ha dispersado en la selva y se mantiene incomunicada, dado que tras enterarse que los teléfonos satelitales que poseen están intervenidos no quieren dejar rastros para ser ubicados.

De la suerte de los al menos 700 rehenes que siguen en poder de la guerrilla, el gobierno de Álvaro Uribe ha pedido a las FARC que los liberen a cambio de perdonarles la vida y ofrecerles un juicio justo y la no extradición de sus líderes a Estados Unidos.

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=372521

Tres menores heridos al pisar campo minado en el sur de Bolívar

Dos niñas de 15 y 10 años y un niño de 8, resultaron heridos al pisar un campo minado en el corregimiento El Diamante, municipio de Simiti, en el sur del departamento de Bolívar.

El padre de los menores, Diocenel Quintero, dijo a Caracol Radio, que sus hijos pisaron el campo minado, cuando caminaban hacia la casa.

Aseguro que cuando los vio en el piso, gritando del dolor, no pudo contener el llanto y como pudo los saco del lugar con la ayuda de otros habitantes de la zona.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander, donde son atendidos por médicos especialistas.

Las dos niñas serán intervenidas quirúrgicamente y el niño se le realizará un análisis interno de su cuerpo, porque no presenta heridas abiertas.

En el sur de Bolívar, los grupos guerrilleros del ELN y FARC, son lo que han sembrado en las ultimas dos décadas, minas antipersona.

Le amputan pie a una de las niñas

La niña de 10 años que pisó una mina antipersona, en zona rural de Cimití, sur de Bolívar, le fue amputado el pie derecho.

Así lo informó el médico Gonzalo Cáceres, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, de la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano de Bucaramanga, donde fue atendida la niña.

Explicó el médico, que las heridas comprometieron venas, arterias y nervios, lo que impedía que llegara sangre hasta el pie.

Ante esta situación, un grupo interdisciplinario de cirujanos, tomó la decisión de amputar, para evitar una posible infección, que comprometiera el resto de la pierna.

Los niñ@s: nuestro mínimo común denominador

Los indefensos y, por lo tanto, vulnerables son la prioridad en cualquier sociedad civilizada y democrática. Un mínimo sentido de humanidad y convicción deberían bastar para que ese principio se cumpla. Pero, en un país como el nuestro, toca dar una lucha titánica para volver lo obvio ley y luego una lucha mayor para que la ley se cumpla.

Nada distinto a la degradación humana explica las aterradoras cifras de violación de los derechos de los niños/as en Colombia. La triste realidad es que en Colombia se violan sistemática y brutalmente los derechos de millones de niños/as porque es más fácil y menos castigado. Ellos/as triplican el número de víctimas dentro y fuera del conflicto. En el conflicto, porque son más baratos de reclutar, y por fuera de él, simplemente porque es más fácil abusar de Ellos/as. En ambos casos porque el castigo es prácticamente nulo.

Según datos oficiales, 250.000 colombianos fueron víctimas de causas asociadas al conflicto armado en el 2006. Ese mismo año, 850.000 niños/as fueron severamente maltratados, 200.000 más fueron violados y otros 25.000, explotados sexualmente. Eso quiere decir que, al año, un millón de los 14 millones de colombianitos menores de 14 años son víctimas de delitos de lesa humanidad. Lo peor es que el 99 por ciento del millón de violadores de ese millón de niños/as siguen libres. Muchos no serán siquiera judicializados. Hoy, no es delito ser cliente sexual de un menor o promover la pornografía infantil. Por cuenta de eso, Colombia se "vende" internacionalmente como paraíso del "turismo sexual infantil". Hoy, violadores y asesinos, como el 'monstruo Garavito', quedan libres al cabo de una pena irrisoria, si es que los capturan. La mayoría de los violadores y abusadores reincide y victimiza a otros niños/as. Nuestra legislación permite tal nivel de impunidad.

Por definición, los niños/as están en condición de indefensión e inferioridad frente a sus victimarios. De esa condición innata se aprovechan sus violadores, sean armados, sexuales, afectivos, psicológicos o físicos. Superar la degradación humana de los violadores de los derechos de la infancia tomará décadas, pero superar la inacción legal frente a esa degradación requiere apenas la acción firme de las mayorías ciudadanas. Los niños/as no pueden esperar y tampoco los ciudadanos que tenemos la convicción de que sus derechos son nuestra prioridad.

En buena hora, la bancada de mujeres del Senado ha propuesto una iniciativa para que la pornografía infantil y el turismo sexual con menores se tipifiquen como delitos. Pero, además de tipificar las conductas, tenemos que asegurar que los castigos sean proporcionales y efectivos. Todo daño causado a un niños/as por abuso físico, sexual o psicológico es irreversible. Igualmente irreversible debe ser el castigo. Por eso creo que lo mejor es sumarnos todos al referendo que este miércoles 25 de junio, a las 10 a.m., se lanza en la Fiscalía General de la Nación, para que los jueces puedan imponer penas hasta de prisión perpetua para los delitos de asesinato, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometidos contra los niños menores de 14 años, que son las víctimas más frecuentes de estos crímenes.

El artículo 34 de la actual Constitución impide la prisión perpetua.
Por eso se requiere un referendo constitucional que modifique ese artículo y permita el castigo más severo, la prisión perpetua, para los delitos más graves, los cometidos contra los niños/as Es lo menos que podemos hacer desde el punto de vista legal ante la falta de humanidad y el mar de impunidad.

Este tipo de causas, aunque no exentas de debate, deben concitar consenso y, sobre todo, acción. Basta nuestra firma y luego nuestro voto para que ese referendo se vuelva norma y después nuestro apoyo vigilante para que se vuelva acción. A ver si al fin logramos que, por sentido común y mandato legal, los niños y niñas sean realmente nuestro mínimo común denominador.

Claudia Lopez

El crimen invisible

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene sus ojos puestos en Colombia por la impunidad en el reclutamiento de niños: sólo dos juicios en más de 10.000 casos. En mayo llega la mano derecha del Secretario General para establecer un monitoreo.

El tema de los niños en la guerra parece escandalizar a muy pocos en Colombia. Un estudio reciente reveló que menores de 6 años son reclutados por la guerrilla, y el dato no mereció ni un titular de periódico. Tampoco se ha sentido ningún estremecimiento en el país por los relatos de los más pequeños de las tropas de 'Martín Llanos' -el jefe paramilitar que nunca se desmovilizó-, según los cuales a la hora del almuerzo les servían carne humana, asada, para que perdieran cualquier escrúpulo. Ni mucho menos a alguien pareció importarle que la mayoría de las fotos recuperadas del computador de Iván Ríos, el jefe del Secretariado de las Farc recientemente muerto, mostraran adolescentes, bonitas y felices, exhibiendo sus fusiles.

La indiferencia del país no sólo muestra que algo está descompuesto en la Nación, sino que de seguir así puede resultar costándole muy caro. El próximo mes viene a Colombia la mano derecha del Secretario General de la ONU para el tema de los niños en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, para coordinar los términos de un monitoreo especial porque el país hace parte de una penosa lista de 17 naciones del mundo cuyos estados patrocinan o permiten -este último es el caso de Colombia- el reclutamiento de menores en grupos armados.

Nunca antes el nombre de Colombia se había mencionado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en estos términos. Y el país no parece entender la gravedad del caso. Si bien no es tan delicado como estar en la 'agenda' del Consejo -situación en la cual el país pierde el control de sí mismo y lo asume este grupo elite de la comunidad de naciones-, la inclusión en esta lista es importante si se tiene en cuenta que por ninguna otra razón el tema del país ha sido puesto en observación por esta alta instancia.
De la constelación de países que promueven el reclutamiento de menores hacen parte Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Congo, Irak, Líbano, Myanmar, Nepal, Somalia y Sudán. Colombia está en un segundo grupo, el de los que lo permiten (aunque en cualquier momento puede subir a la titular), con Chad, Filipinas, Sri Lanka y Uganda.

En Colombia el caso se ha tratado como un asunto menor. Tanto, que como por arte de magia ha desaparecido, en la práctica, un delito que como el de reclutamiento de menores es considerado de los peores crímenes de guerra. Los datos de impunidad son escandalosos: deberían estar abiertas por lo menos 3.500 investigaciones -ese es el número de menores que entregaron los paramilitares-, pero sólo se han iniciado 510 y de ellas sólo prosperaron dos.
Continua

Niños en el Conflicto Armado Colombiano

En nuestro país, la defensoría del pueblo ha sostenido que la situación de los niños y niñas en el conflicto armado colombiano no es diferente de la situación de los niños involucrados en otros conflictos armados. Para infortunio, en Colombia los grupos insurgentes y de autodefensa han abusado y continúan abusando de la vulnerabilidad y fragilidad de los niños, día a día los actores armados reclutan menores, los utilizan como carne de cañón o carnada para infligir daños a sus enemigos, cientos de niños son desplazados y las niñas no solamente son las compañeras sexuales de los irregulares sino que, son en muchos casos, forzadas a prostituirse.

Históricamente la vinculación del menor dentro de los diversos conflictos armados ha sido por diferentes motivos y han sido guiados por distintos móviles, tal como el Estado, la iglesia, los grupos insurgentes, aunque ninguno de estos móviles es mas justificable frente a otros y, aunque la afectación del menor por parte del conflicto seguirá vigente, lamentablemente, mientras subsista la violencia tal como se ha visto a través de una encarnizada historia de violencia, lo que se si se puede evitar de algún modo es la presencia del menor combatiente, situación que mitiga notoriamente la dignidad y la calidad de vida de nuestros niños.

Posteriormente con la aparición de los grupos armados al margen de la ley a mediados del siglo pasado se perpetuó la presencia del menor dentro del conflicto colombiano, con la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y otras organizaciones guerrilleras; durante los primeros años de lucha armada no lograron una expansión significativa, contaban con pocos combatientes y frentes, y sus finanzas eran precarias, estas últimas fueron las principales causas del reclutamiento de niños por parte de estos grupos. El Estado colombiano y los sucesivos gobiernos no concibieron como prioritario establecer mecanismos de diálogos y negociaciones con la insurgencia, el tratamiento que se les proporcionó fue esencialmente militar y represivo, por lo que en la década de los `80 las organizaciones guerrilleras experimentaron un crecimiento notable tanto en su economía como en sus filas y esto último porque fue en esta época donde se incrementó la participación de los niños soldados en el conflicto, esto porque la extensión del conflicto a zonas urbanas ha producido un incremento del reclutamiento de menores en las milicias ilegales

La utilización permanente de menores por parte de los actores del conflicto genera una modalidad de relaciones basadas en el autoritarismo y en el desconocimiento del niño como sujeto de derechos con autonomía y libertad propia; al ser instrumentos de otros, los menores se identifican como objetos sin valor personal y con una pobre autoestima. Esta vulneración a la integridad síquica de los niños y niñas en formación conduce muy frecuentemente a procesos autodestructivos como el suicidio, la delincuencia juvenil, prostitución, mendicidad, trabajo informal y la guerra. Es debido a todo este contexto social, que el problema de los niños y niñas vinculados al conflicto armado requiere de una especial y prioritaria atención por parte del Estado actualmente en Colombia, entre 6000 y 11000 niños, niñas y jóvenes colombianos según UNICEF y Human Rights Watch, respectivamente, están hoy en las filas de los grupos armados ilegales.

La vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado constituye una vulneración a los derechos fundamentales de los niños y las niñas que han participado en los grupos armados, está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, está tipificada como delito de reclutamiento ilícito y es una modalidad del delito de Trata de Personas.