El término "protección" comprende el conjunto de actividades encaminadas a hacer respetar los derechos fundamentales de la persona, tal y como se definen en los instrumentos jurídicos internacionales, en particular el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho de los derechos humanos.
Uno de los cometidos del CICR es velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas civiles que no participan en las hostilidades y resultan afectadas por la situación de violencia. Este cometido, que dimana del derecho internacional humanitario, confiere a la población civil una protección general contra los efectos de las operaciones militares y los abusos cometidos por las partes enemigas. En caso de conflicto, el CICR interviene ante las autoridades competentes, por una parte para evitar –o hacer que cesen– las violaciones del derecho humanitario y, por otra, para proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, procurando que las consecuencias del conflicto no pongan en peligro su futuro.
Además de la protección general de que gozan como personas civiles, los niños están protegidos por disposiciones específicas del derecho internacional humanitario que tienen en cuenta su particular vulnerabilidad. Estas normas comprenden la protección contra los efectos de las hostilidades (zonas sanitarias, evacuaciones), la asistencia y los cuidados (tratamiento médico, alimentación, ropa), la protección del estatuto personal, el mantenimiento del contacto entre familiares y con la comunidad (identidad, registro de datos, reunión de familias, noticias), la preservación del entorno cultural y la educación. Las partes en conflicto tienen la obligación de proporcionar a todos los niños, incluidos los niños detenidos, los cuidados y la educación que precisan.
