EN ENERO, EN UNA VEREDA de Leticia, un comando de las Farc citó a padres de familia y líderes de la comunidad para notificarles que debían presentarse al día siguiente con sus hijos mayores de 15 años para prestar servicio obligatorio en el "Ejército del pueblo". Indignado, el cura de la zona reunió a los padres en la iglesia y les ordenó no entregar a sus hijos y esconderlos. Entonces les llovieron amenazas y el sacerdote y algunas familias no tuvieron más opción que dejar el pueblo. Casos similares se han repetido en Guainía, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo y hasta en Bogotá, porque la guerrilla está empeñada en el reclutamiento de menores. Muchos padres, antes que entregar a sus hijos, prefieren huir y abandonarlo todo. Otros no han tenido más opción que dejarlos en poder de las Farc.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el reclutamiento forzado es una de las principales causas que explican el aumento del desplazamiento interno este año. Codhes y la Iglesia estiman que en el primer trimestre del año fueron desplazadas 113.473 personas, 18 por ciento más que en el mismo período del año pasado.
Sin embargo, el reclutamiento forzado no es atribuido solo a las Farc. También a las 'Águilas negras' y a otras bandas que operan en Córdoba y Sucre, donde se han registrado desplazamientos y asesinatos de líderes comunitarios. "El reclutamiento forzado tanto de las Farc como de los paramilitares está cambiando la dinámica del conflicto -asegura Jorge Rojas, director de Codhes-. Los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a la guerra".
Pero además del reclutamiento forzado, las fumigaciones de cultivos ilícitos y las amenazas y asesinatos atribuidos a grupos paramilitares en 17 departamentos, lo mismo que el aumento de los combates entre Farc y Eln, y entre el Ejército y las Farc, han agravado la situación. "A esto se suma el encierro o confinamiento al que están sometidos los campesinos en Nariño, Arauca y Antioquia, como consecuencia del uso indiscriminado de minas antipersona", afirma Álvaro Jiménez Millán, de la Campaña Colombiana contra las Minas.
El fenómeno ha llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, a alertar sobre lo que está pasando en Arauca, donde han sido desplazadas cerca de 2.000 personas por los combates entre grupos armados, lo mismo que en Chocó, donde 400 familias tuvieron que huir de los enfrentamientos. "Se están produciendo desplazamientos masivos al estilo de los que se dieron en 1997 en buena parte por el aumento en los combates", asegura el director de Codhes.
El reporte de esta organización coincidió con el Día Mundial del Refugiado, cuando Acnur dio a conocer su informe anual sobre los refugiados y en el cual Colombia figura como el segundo país del mundo, después de Sudán, con más desplazados.
El informe tomó como base la cifra que maneja la Corte Constitucional: tres millones de personas. Sin embargo, Codhes la estima en más de 4,3 millones y el Gobierno en 2,5 millones. Las cifras no coinciden pero todas son alarmantes y lo peor es que pocos tienen la esperanza de regresar. "Hay pocas garantías para el regreso -sostiene Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía-. Los desplazados temen, incluso, reclamar sus tierras porque quienes lo han hecho han sido amenazados de muerte o asesinados. Ya han muerto 17 líderes desplazados".
Frente a los millones de desplazados, los que han regresado a sus tierras son muy pocos: 169.654 personas entre el 7 agosto de 2002 y el 3 de junio de 2008, según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que las ha acompañado en el retorno a sus lugares de origen.
La tragedia es de tales dimensiones, que la oficina de Acnur la considera una verdadera crisis humanitaria, la única del continente y la segunda más grave del mundo.
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