En nuestro país, la defensoría del pueblo ha sostenido que la situación de los niños y niñas en el conflicto armado colombiano no es diferente de la situación de los niños involucrados en otros conflictos armados. Para infortunio, en Colombia los grupos insurgentes y de autodefensa han abusado y continúan abusando de la vulnerabilidad y fragilidad de los niños, día a día los actores armados reclutan menores, los utilizan como carne de cañón o carnada para infligir daños a sus enemigos, cientos de niños son desplazados y las niñas no solamente son las compañeras sexuales de los irregulares sino que, son en muchos casos, forzadas a prostituirse. Históricamente la vinculación del menor dentro de los diversos conflictos armados ha sido por diferentes motivos y han sido guiados por distintos móviles, tal como el Estado, la iglesia, los grupos insurgentes, aunque ninguno de estos móviles es mas justificable frente a otros y, aunque la afectación del menor por parte del conflicto seguirá vigente, lamentablemente, mientras subsista la violencia tal como se ha visto a través de una encarnizada historia de violencia, lo que se si se puede evitar de algún modo es la presencia del menor combatiente, situación que mitiga notoriamente la dignidad y la calidad de vida de nuestros niños.
Posteriormente con la aparición de los grupos armados al margen de la ley a mediados del siglo pasado se perpetuó la presencia del menor dentro del conflicto colombiano, con la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y otras organizaciones guerrilleras; durante los primeros años de lucha armada no lograron una expansión significativa, contaban con pocos combatientes y frentes, y sus finanzas eran precarias, estas últimas fueron las principales causas del reclutamiento de niños por parte de estos grupos. El Estado colombiano y los sucesivos gobiernos no concibieron como prioritario establecer mecanismos de diálogos y negociaciones con la insurgencia, el tratamiento que se les proporcionó fue esencialmente militar y represivo, por lo que en la década de los `80 las organizaciones guerrilleras experimentaron un crecimiento notable tanto en su economía como en sus filas y esto último porque fue en esta época donde se incrementó la participación de los niños soldados en el conflicto, esto porque la extensión del conflicto a zonas urbanas ha producido un incremento del reclutamiento de menores en las milicias ilegales
La utilización permanente de menores por parte de los actores del conflicto genera una modalidad de relaciones basadas en el autoritarismo y en el desconocimiento del niño como sujeto de derechos con autonomía y libertad propia; al ser instrumentos de otros, los menores se identifican como objetos sin valor personal y con una pobre autoestima. Esta vulneración a la integridad síquica de los niños y niñas en formación conduce muy frecuentemente a procesos autodestructivos como el suicidio, la delincuencia juvenil, prostitución, mendicidad, trabajo informal y la guerra. Es debido a todo este contexto social, que el problema de los niños y niñas vinculados al conflicto armado requiere de una especial y prioritaria atención por parte del Estado actualmente en Colombia, entre 6000 y 11000 niños, niñas y jóvenes colombianos según UNICEF y Human Rights Watch, respectivamente, están hoy en las filas de los grupos armados ilegales.
La vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado constituye una vulneración a los derechos fundamentales de los niños y las niñas que han participado en los grupos armados, está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, está tipificada como delito de reclutamiento ilícito y es una modalidad del delito de Trata de Personas.
