Los indefensos y, por lo tanto, vulnerables son la prioridad en cualquier sociedad civilizada y democrática. Un mínimo sentido de humanidad y convicción deberían bastar para que ese principio se cumpla. Pero, en un país como el nuestro, toca dar una lucha titánica para volver lo obvio ley y luego una lucha mayor para que la ley se cumpla.
Nada distinto a la degradación humana explica las aterradoras cifras de violación de los derechos de los niños/as en Colombia. La triste realidad es que en Colombia se violan sistemática y brutalmente los derechos de millones de niños/as porque es más fácil y menos castigado. Ellos/as triplican el número de víctimas dentro y fuera del conflicto. En el conflicto, porque son más baratos de reclutar, y por fuera de él, simplemente porque es más fácil abusar de Ellos/as. En ambos casos porque el castigo es prácticamente nulo.
Según datos oficiales, 250.000 colombianos fueron víctimas de causas asociadas al conflicto armado en el 2006. Ese mismo año, 850.000 niños/as fueron severamente maltratados, 200.000 más fueron violados y otros 25.000, explotados sexualmente. Eso quiere decir que, al año, un millón de los 14 millones de colombianitos menores de 14 años son víctimas de delitos de lesa humanidad. Lo peor es que el 99 por ciento del millón de violadores de ese millón de niños/as siguen libres. Muchos no serán siquiera judicializados. Hoy, no es delito ser cliente sexual de un menor o promover la pornografía infantil. Por cuenta de eso, Colombia se "vende" internacionalmente como paraíso del "turismo sexual infantil". Hoy, violadores y asesinos, como el 'monstruo Garavito', quedan libres al cabo de una pena irrisoria, si es que los capturan. La mayoría de los violadores y abusadores reincide y victimiza a otros niños/as. Nuestra legislación permite tal nivel de impunidad.
Por definición, los niños/as están en condición de indefensión e inferioridad frente a sus victimarios. De esa condición innata se aprovechan sus violadores, sean armados, sexuales, afectivos, psicológicos o físicos. Superar la degradación humana de los violadores de los derechos de la infancia tomará décadas, pero superar la inacción legal frente a esa degradación requiere apenas la acción firme de las mayorías ciudadanas. Los niños/as no pueden esperar y tampoco los ciudadanos que tenemos la convicción de que sus derechos son nuestra prioridad.
En buena hora, la bancada de mujeres del Senado ha propuesto una iniciativa para que la pornografía infantil y el turismo sexual con menores se tipifiquen como delitos. Pero, además de tipificar las conductas, tenemos que asegurar que los castigos sean proporcionales y efectivos. Todo daño causado a un niños/as por abuso físico, sexual o psicológico es irreversible. Igualmente irreversible debe ser el castigo. Por eso creo que lo mejor es sumarnos todos al referendo que este miércoles 25 de junio, a las 10 a.m., se lanza en la Fiscalía General de la Nación, para que los jueces puedan imponer penas hasta de prisión perpetua para los delitos de asesinato, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometidos contra los niños menores de 14 años, que son las víctimas más frecuentes de estos crímenes.
El artículo 34 de la actual Constitución impide la prisión perpetua.
Por eso se requiere un referendo constitucional que modifique ese artículo y permita el castigo más severo, la prisión perpetua, para los delitos más graves, los cometidos contra los niños/as Es lo menos que podemos hacer desde el punto de vista legal ante la falta de humanidad y el mar de impunidad.
Este tipo de causas, aunque no exentas de debate, deben concitar consenso y, sobre todo, acción. Basta nuestra firma y luego nuestro voto para que ese referendo se vuelva norma y después nuestro apoyo vigilante para que se vuelva acción. A ver si al fin logramos que, por sentido común y mandato legal, los niños y niñas sean realmente nuestro mínimo común denominador.
