Durante la elaboración del estudio 'Prisioneros combatientes. Del uso de niños, niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado' se entrevistaron 473 niños y adolescentes desvinculados del conflicto, hoy bajo protección del ICBF.
También hizo entrevistas directas con los máximos jefes de las autodefensas en la cárcel de Itagüí, altos jefes del Eln y mandos medios de las Farc.
Springer concluyó que entre el 15 y el 20 por ciento de las filas de las Auc, las Farc y el Eln estaban integradas con menores antes de la desmovilización 'para'.
Serían de 8.000 a 11.000 los niños combatientes de algún grupo armado antes de la desmovilización de las Auc, si se tiene en cuenta que eran unos 35 mil paramilitares, unos 17 mil guerrilleros de las Farc y otros 3 mil del Eln.
De los menores entrevistados el 52,1 por ciento perteneció a las Farc; el 29,1 por ciento a las Auc y el 16,8 por ciento al Eln.
El alto porcentaje de niños que ingresaron voluntariamente revela condiciones de violencia intrafamiliar y necesidades económicas, señala Springer.
Hay conclusiones dramáticas: el 63,3 por ciento dijo haber iniciado sus relaciones sexuales entre los 11 y los 14 años y el 8,9 por ciento tuvo su primer contacto entre los 4 y los 10 años. En muchos casos se trató de violaciones, aclaró Springer.
El 82,4 por ciento dijo además que no había diferencia entre las actividades que debían realizar en comparación con las de los adultos.
Usados para poner minas
Entre sus labores estaban:
- Inteligencia o vigilancia (el 92,5 por ciento)
- Combatir (80,9 por ciento)
- Extorsionar (10,1 por ciento)
- Secuestrar (6,8 por ciento)
De la clase de trabajo que los menores hacían antes de ingresar al grupo armado formalmente, estaba el de instalación de minas y explosivos.
El 52,2 por ciento de los consultados lo hizo. El vicepresidente Francisco Santos, presente durante la entrega del informe, señaló que las zonas de reclutamiento de menores, de campos minados y de cultivos ilícitos "casi que coinciden".
De hecho, de los 473 menores entrevistados para el estudio, el 52,7 por ciento dijo haber trabajado para un grupo con influencia en una zona de cultivos ilícitos.
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